Correspondencia con Alberto Chimal

Alberto,*

El 14 de diciembre de 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenó a Twitter que entregara toda la información de las cuentas personales de Jacob Appelbaum (@ioerror), ciudadano norteamericano, y de Birgitta Jónsdóttir (@birgittaj), miembro del parlamento de Islandia, presuntamente para investigar la colaboración de ambos activistas con WikiLeaks, organización contra la cual los Estados Unidos preparan un juicio por espionaje desde la aparición del video Collateral Murder en 2010. Las ramificaciones de estos hechos son incalculables, pero también se nos presentan de algún modo distantes, ajenas. Literatura, casi. Aunque, si bien la mayoría hemos de mantenernos al margen de historias de trascendencia análoga, no deja de llamar mi atención—cuando menos—el alcance que los aparatos burocráticos tienen ahora, gracias a los canales de la red. En el caso descrito, que la orden busque someter por igual a un norteamericano y a un miembro de un parlamento extranjero tiene mucha relevancia. Tanta como que Twitter, en tanto entidad civil, combatió legalmente durante más de un año—aunque perdió—la orden del Departamento de Justicia norteamericano, fungiendo como protector de los derechos de sus usuarios. La derrota de Twitter y de sus usuarios ha resultado precedente para un status quo en el que los internautas, en cualquier plataforma, reconocen ya en los mismos instrumentos para la liberación de algunos la puerta abierta para la represión de otros. Después de todo, Baudrillard ha escrito que “en cuanto se vuelve imposible para los estados atacarse y destruirse entre sí, estos se vuelven casi automáticamente contra su propia gente” (en La Transparencia del Mal, 1990).

A este respecto, dos noticias han llamado mi atención en las últimas semanas. El 23 de abril un juez de Manhattan declaró que nuestro uso de Twitter “pertenece” a Twitter. Dentro de este marco, por supuesto, yace la imposibilidad no sólo de combatir legalmente eventuales llamados a entregar nuestra información personal, como hicieron Appelbaum y Jónsdóttir, sino que además—siempre de acuerdo con la ley norteamericana—resulta que nuestra autoría no implica propiedad. Pero se sabe de sobra que muchos usuarios venden efectivamente sus tuits, de una u otra forma.

La segunda noticia que aquí me interesa es del 8 de mayo, y revela la loable congruencia y responsabilidad con que Twitter conduce su política de privacidad. Una vez más, la plataforma manifiesta con hechos sus valores en favor de la libertad y privacidad de sus usuarios. Y sin embargo, ¿basta?

Te pregunto esto, por tanto, considerando tu condición de autor de mini-cuentos en Twitter: entre internautas que jamás estaremos en las redes de un juicio de espionaje internacional, ¿en qué medida nos conciernen los casos que he citado? ¿Qué repercusiones puede tener la sobreabundancia de áreas grises en la ley, a propósito de internet, para ciudadanos ordinarios, pero sobre todo—pues tal es tu campo—para el artista? En suma, ¿tenemos razón al considerar ajenos casos como el de Appelbaum y Jónsdóttir? ¿En qué medida?

*

Sergio,

Voy a empezar, qué remedio, con una obviedad. El desdén por la política entre muchos de nosotros, los ciudadanos ordinarios, es proverbial en nuestra época, pero ninguno de aquellos sucesos que anotaste nos debería parecer ajeno, aunque no seamos activistas, dado que somos ciudadanos…, o, por lo menos, estamos sujetos a la acción del Estado y los poderes fácticos. Aun cuando la mayor parte de la población mundial no se dedica a la creación artística (y, de hecho, en numerosas ocasiones ni siquiera tiene acceso a internet), de todas formas va a experimentar los efectos de la política, y las actitudes políticas, que se manifiestan ante la red, simplemente porque unos y otras no se limitan a la red.

Sobre lo que afecta más directamente a la creación, se puede considerar primero la cuestión de la propiedad. Twitter no es el primer servicio de internet al que se atribuye, o que se atribuye explícitamente, la propiedad de lo que sus usuarios publican. Con Facebook, Instagram y otros similares ocurrió lo mismo –aunque estas dos empresas han revisado sus políticas–, y ya ocurría con servicios de red 1.0 como alojamientos de blogs y páginas personales. ¿Por qué se siguen utilizando, pese a todo, como herramientas creativas, y no sólo para otros fines? No es únicamente que –como también es proverbial– no leamos los términos de servicio a la hora de inscribirnos en ellos. Además, la experiencia nos muestra que las empresas pueden ir contra sus usuarios, pero no por esas razones: el enfrentamiento más probable con una empresa de servicios de publicación en internet no será por—digamos—intentos de plagio (que de hecho suelen ser obra más bien de otros usuarios) sino por censuras, que pueden ir desde amonestaciones hasta supresión de contenidos específicos o de la cuenta completa de un usuario. Estas consecuencias pueden ser muy serias, pero no ponen en riesgo la noción convencional de la autoría ni la explotación comercial de lo que se produce inicialmente en internet.

En realidad, a las grandes empresas de las que hablamos no les interesa el reutilizar comercialmente los “contenidos artísticos” (éste es un término horrible que me acabo de inventar) que producen sus usuarios. Probablemente tampoco han encontrado una manera de hacerlo que sea legalmente segura y financieramente atractiva, pero en cualquier caso sus mayores beneficios económicos están por mucho en otros aspectos de su negocio, como la venta de publicidad y, sobre todo, en la extracción de datos (data mining) a partir de lo que van almacenando en sus servidores.

Esto no significa que la situación no pueda cambiar, pero un cambio notable y claramente perjudicial para los creadores artísticos tendría que pasar por reformas que crearan un marco legal de vigencia internacional incuestionable.

En fin, de momento lo que hacemos está en otra zona gris en la que nos mantenemos—hay que aceptarlo—por inercia. Y preferimos no pensar en la cuestión porque los hechos no la han vuelto apremiante. El apremio llega, desde luego, cuando hay verdadera acción política que interese a los países (casi siempre Estados Unidos) en los que se alojan servidores, ISPs, etcétera. Y tanto los productores de $h*! my Dad Says como el grueso de los autores que publicamos selecciones de tuits importamos poco desde ese punto de vista.

¿Nuestra actitud despegada es la correcta? No lo creo. Pero en esto, me parece, los artistas estamos en la misma situación que el resto de la población humana con acceso a internet: estamos viviendo una enorme transformación de la cultura, lo que nos coloca en una posición muy difícil a la hora de intentar comprenderla.

* Alberto Chimal es escritor y maestro en literatura comparada por la UNAM. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es estudioso (y practicante) de la escritura en internet desde los años noventa; ha publicado ficción creada a partir de herramientas digitales y participado como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre la influencia de la tecnología en la literatura y la edición. Su libro más reciente es La torre y el jardín (Oceano, 2012). Twitter: @AlbertoChimal

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